A pocos metros del recién reinaugurado Mercado de la Ciudad, el asentamiento de la calle Marco Avellaneda, entre avenida Sarmiento e Italia, sigue siendo uno de los principales desafíos urbanos y sociales de San Miguel de Tucumán. Con más de seis décadas de existencia, este barrio popular sobre terrenos ferroviarios concentra problemas habitacionales, sanitarios y de seguridad que vuelven a poner en agenda la necesidad de una solución definitiva.
Según el último informe del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), en el Área Metropolitana de Tucumán hay 150 barrios populares o vulnerados, es decir, aquellos que carecen de al menos dos servicios básicos como agua potable, energía eléctrica o cloacas. De ese total, 71 están en la capital provincial y albergan a unas 25.000 familias.
El asentamiento de Marco Avellaneda es el más cercano al centro de la ciudad. Se encuentra junto a las vías del Ferrocarril Belgrano, a apenas seis cuadras de plaza Urquiza, en pleno barrio Norte.
Un informe del Ministerio de Desarrollo Social de 2023 mencionaba unas 60 viviendas precarias en el sector. Sin embargo, el relevamiento del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) realizado durante 2025 determinó que actualmente viven allí menos de 40 familias distribuidas en esas dos cuadras.
La ocupación de los terrenos comenzó en 1965 con unas pocas casillas. Con el paso de las décadas, el asentamiento se expandió hasta ocupar prácticamente todo el espacio entre las vías y el cordón de la vereda. Esta situación implica riesgos permanentes tanto para la circulación como para quienes habitan el lugar, especialmente los niños, por la ausencia de veredas y la proximidad con la traza ferroviaria.
En los últimos meses se instalaron alrededor de diez nuevas casillas sobre el sector oeste, en un espacio aún más comprometido, entre las vías y el muro lindero.
La falta de una solución definitiva está ligada, en parte, a los permanentes conflictos de jurisdicción que atravesaron el predio entre las distintas empresas ferroviarias nacionales, la Provincia y el municipio. Esa superposición de competencias hizo que numerosos proyectos de relocalización nunca llegaran a concretarse.
La situación adquiere una nueva dimensión tras la reapertura del Mercado de la Ciudad, ubicado a solo 50 metros del asentamiento, luego de permanecer cerrado durante 26 años. Vecinos de la zona sostienen que la presencia de aguas servidas, la degradación del espacio público y los problemas de seguridad afectan directamente al entorno urbano.
Marina, residente sobre avenida Sarmiento al 1.200, señaló que la presencia permanente de líquidos cloacales y la inseguridad generaron una fuerte pérdida del valor inmobiliario del sector. De hecho, en esa cuadra ya pueden observarse varias propiedades ofrecidas en venta.
Otro vecino, Miguel, comentó que el municipio instaló cámaras de vigilancia orientadas hacia “el country de las vías”, jocosa denominación que le dieron los habitantes regulares de la zona al asentamiento, y que existe presencia policial permanente en la esquina.
Frente al predio funciona además un anexo del Ministerio Público Fiscal, instalado en un antiguo edificio que perteneció a una bodega. Facundo, empleado del organismo, explicó que la institución mantiene una consigna policial durante las 24 horas debido a la cercanía del ingreso con las viviendas precarias. También indicó que los trabajadores deben estacionar sus vehículos en calles aledañas, ya que la playa interna está reservada exclusivamente para móviles oficiales.
El impacto del tránsito y las obras proyectadas
El tránsito constituye otro de los desafíos de ese sector. La actividad del renovado mercado incrementará el movimiento de proveedores, comerciantes y clientes, por lo que una de las obras proyectadas consiste en el ensanchamiento del puente Sarmiento para aliviar el cuello de botella que se produce en horas pico.
Desde el Instituto Provincial de la Vivienda consideran que la relocalización de las familias resulta técnicamente posible. El presidente del organismo, el arquitecto Hugo Cabral, sostuvo que trasladar a las poco más de treinta familias asentadas junto a las vías es una alternativa viable, siempre que exista un trabajo coordinado con el municipio y una evaluación integral de las necesidades sociales de cada grupo familiar.
Cabral remarcó que reubicar no significa erradicar. Explicó que una relocalización implica brindar una solución habitacional y acompañamiento social, mientras que una erradicación supone simplemente retirar a las familias sin garantizarles condiciones de vida adecuadas.
El funcionario también advirtió que la problemática social excede la cuestión habitacional. Señaló que durante las noches es frecuente observar a niños provenientes del asentamiento solicitando comida o recogiendo sobras en los locales gastronómicos de la zona, una situación que, según estimó, podría trasladarse al entorno del mercado durante el horario diurno si no se adoptan medidas de fondo.
El plan municipal para recuperar el sector
Desde la Municipalidad de San Miguel de Tucumán reconocen que el asentamiento constituye una prioridad. La directora de Planificación Urbanística, Guadalupe Rearte, confirmó que el Ejecutivo trabaja junto al IPV para diseñar una estrategia conjunta.
La funcionaria informó que el relevamiento municipal identificó a 135 personas distribuidas en 28 viviendas precarias. Según describió, las casillas carecen de pisos, agua potable y presentan conexiones eléctricas irregulares, condiciones que configuran un serio riesgo sanitario y ambiental.
Rearte sostuvo que el objetivo es aprovechar la reapertura del Mercado de la Ciudad como punto de partida para recuperar integralmente el sector, proyecto que también contempla la remodelación de la plazoleta Mitre, la renovación del entorno urbano y la ampliación del puente Sarmiento, una obra para la cual la intendenta Rossana Chahla solicitó públicamente apoyo al gobernador Osvaldo Jaldo.
La arquitecta añadió que ya fue renovado el sistema de iluminación desde las vías hasta la plazoleta, aunque aclaró que no se avanzó sobre el puente debido a la intención de ampliarlo en los próximos meses. Reconoció además que actualmente cruzarlo a pie, especialmente durante la noche, representa un riesgo para los peatones.
Los intentos fallidos de desocupación
La historia del asentamiento registra numerosos intentos fallidos de desocupación. Uno de los antecedentes más importantes ocurrió el 17 de noviembre de 1995, cuando se anunció el levantamiento parcial de la denominada “villa miseria” de Marco Avellaneda y Sarmiento.
En aquella oportunidad fueron demolidas la mayoría de las viviendas y 24 familias fueron trasladadas al barrio 11 de Marzo mediante un programa impulsado por la Fundación Esperanza, presidida entonces por Evangelina Salazar, esposa del exgobernador Ramón Ortega. Sin embargo, cuatro familias quedaron excluidas del operativo y denunciaron no haber recibido una solución habitacional.
Ese no fue el único intento. En 1976 ya se había ejecutado el denominado “Operativo Limpieza”, que tampoco logró consolidar la desocupación del predio. Tras el traslado parcial de 1995, los terrenos volvieron a ser ocupados y el asentamiento continuó expandiéndose hasta alcanzar calle Italia y, más recientemente, avanzar también hacia el sector oeste de las vías, en el estrecho espacio existente entre la línea férrea y el edificio que actualmente ocupa un anexo del Ministerio Público Fiscal.
