El Gobierno nacional dispuso la intervención por 180 días hábiles de la empresa Construcción de Vivienda para la Armada (COVIARA), dependiente del Ministerio de Defensa, con el fin de completar su transformación societaria y avanzar en la fusión con Playas Ferroviarias de Buenos Aires.
La medida se oficializó a través del Decreto 817/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei, el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, y el ministro de Economía, Luis Andrés Caputo.
Como interventor fue designado el capitán de navío Marcial Eduardo Pérez, quien durante el período de intervención tendrá a su cargo, en forma exclusiva, la administración y representación de COVIARA y de su continuadora, COVIARA S.A.U.
Los motivos de la intervención
Según los fundamentos de la norma, la empresa atraviesa una situación de vacancia en su conducción, luego de la renuncia de su presidente del Directorio, aceptada a partir del 31 de marzo de 2026, y ante la existencia de otros cargos de directores que permanecen vacantes.
El Gobierno señaló que la integración incompleta del Directorio dificulta la adopción y ejecución coordinada de las decisiones necesarias para completar el proceso de transformación societaria dispuesto en 2025.
El decreto recordó que el Decreto 117/2025 había establecido la transformación de COVIARA en una sociedad anónima unipersonal y dispuso que, una vez concretada, se realizaran los actos necesarios para su fusión por absorción con Playas Ferroviarias de Buenos Aires Sociedad Anónima, lo que implicaría la disolución sin liquidación de COVIARA S.A.U.
El Ejecutivo sostuvo que, pese al tiempo transcurrido y a los avances registrados, todavía permanecen pendientes actuaciones necesarias para perfeccionar la transformación y concretar la fusión, por lo que consideró necesario asegurar la continuidad de la conducción y concentrar la responsabilidad ejecutiva sobre el proceso.
Alcance de la intervención
Durante la intervención, Pérez podrá ejercer las competencias que correspondan al Directorio y tendrá facultades para realizar los actos jurídicos, administrativos, societarios, registrales, patrimoniales, contables, financieros y operativos necesarios para cumplir con el objetivo fijado por el decreto.
Entre esas atribuciones se incluye designar y remover funcionarios y personal de la sociedad, contratar servicios y resolver o rescindir contratos existentes vinculados con la continuidad de las prestaciones de la empresa o de terceros.
El proceso será supervisado de manera conjunta por el Ministerio de Defensa y la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Agencia de Transformación de Empresas Públicas, dependiente del Ministerio de Economía, que también podrá dictar las normas complementarias y aclaratorias necesarias para implementar la intervención.
