El Ministerio de Seguridad Nacional oficializó un sistema federal para detectar y bloquear teléfonos celulares en cárceles provinciales, al que podrán adherirse las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La medida, publicada este martes en el Boletín Oficial, apunta a cortar las comunicaciones ilegales desde los penales.
La iniciativa contempla la inhabilitación de los equipos, las líneas y las tarjetas SIM vinculadas, incluso si se cambia la tarjeta del dispositivo detectado.
Alcance del programa
La Resolución 806/2026, emitida por el Ministerio de Seguridad Nacional, establece un protocolo técnico y un modelo de convenio de adhesión para que las jurisdicciones se sumen al esquema. La implementación estará a cargo de la Subsecretaría de Articulación Federal, que coordinará el programa en los distritos adheridos.
El sistema se apoya en la normativa vigente sobre uso de celulares en penales y amplía a las cárceles provinciales un mecanismo que hasta ahora estaba limitado al Servicio Penitenciario Federal. Cada provincia deberá suscribir el convenio específico incluido como anexo de la resolución.
Cómo funcionará el bloqueo
El procedimiento comienza con la detección de los equipos activados dentro de áreas de detención o sectores restringidos. Una vez identificados los códigos IMEI (del dispositivo) e IMSI (de la tarjeta SIM), el ministerio provincial con competencia penitenciaria deberá reportarlos al sistema federal a través de la ventanilla única del Ministerio de Seguridad Nacional.
La cartera nacional enviará la solicitud a las empresas prestadoras del servicio móvil, que tendrán un plazo máximo de 48 horas para confirmar la ejecución del bloqueo. Las jurisdicciones no podrán pedir directamente la inhabilitación a las operadoras, ya que la gestión queda centralizada en el Gobierno nacional.
El Servicio Penitenciario Provincial realizará el monitoreo remoto de los equipos de detección y deberá comunicar de inmediato cualquier incidente. El protocolo también prevé mecanismos de auditoría para controlar el cumplimiento del procedimiento.
Además, se habilitarán sectores para la guarda de dispositivos de personal autorizado, como agentes penitenciarios, magistrados, abogados, representantes de organismos de control y miembros diplomáticos o consulares. Esos espacios deberán ubicarse fuera de las áreas alcanzadas por el sistema de detección.
Protocolo para las provincias
Las jurisdicciones adheridas deberán cargar diariamente la información de los dispositivos detectados en un servidor habilitado por el Ministerio de Seguridad Nacional. Los datos se presentarán en archivos CSV, organizados por empresa prestadora.
El sistema contempla cinco operadoras y establece el envío de dos archivos por cada una: uno con los identificadores IMSI y otro con los IMEI, bajo una nomenclatura estandarizada que incluye la empresa y la fecha del reporte.
La información vinculada con los bloqueos será tratada bajo estrictas normas de confidencialidad, y el cumplimiento de las etapas del procedimiento será sometido a controles periódicos.
