martes, agosto 25, 2026

FAdeA se acerca al concurso: proveedores evalúan acciones judiciales por una deuda de u$s22 millones

La crisis financiera de la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín (FAdeA) alcanzó un punto crítico: un grupo creciente de proveedores analiza recurrir a la Justicia ante la imposibilidad de cobrar sus acreencias, mientras se perfila un eventual pedido de concurso preventivo. La deuda con proveedores asciende a unos u$s22 millones y el pasivo total proyectado para 2026 superaría los $152.000 millones.

Tras casi dos años de actividad reducida, falta de capital de trabajo y demoras en las decisiones del Ministerio de Defensa sobre contratos clave, la paciencia de los acreedores se agota. Si avanzan judicialmente, el Estado deberá explicar cómo una empresa pública estratégica llegó al borde del concurso mientras espera la firma de acuerdos que deberían haber impulsado su recuperación.

Un déficit que no se resuelve con presupuesto

El Ministerio de Economía aprobó, mediante la Resolución 1289/2026, el Plan de Acción y Presupuesto de FAdeA para este año. El documento proyecta ingresos operativos por $135.090 millones frente a gastos de operación por $149.610 millones, lo que genera un resultado operativo negativo de $14.519 millones.

La actividad propia de la fábrica no alcanza para financiar su funcionamiento. La mejora aparente surge al incorporar transferencias del Estado, según el humor del ministro de Economía, Luis Caputo, y arroja un resultado financiero final positivo de apenas $104,1 millones. Sin embargo, ese equilibrio depende de fondos externos, no de la generación genuina de ingresos.

En los hechos, la compañía opera con el financiamiento involuntario de contratistas y proveedores nacionales y extranjeros que entregaron bienes y servicios sin recibir los pagos correspondientes. Entre los acreedores figuran firmas como Elbit, Israel Aerospace Industries (IAI), Liebherr Aerospace, Honeywell, Lockheed Martin, Prodismo, MBA S.A, Inmeba SRL, DTA S.A, AOG y ADE SRL, nucleadas en la Cámara Argentina Aeronáutica y Espacial (CArAE).

La fábrica que espera dos contratos

FAdeA tiene capacidades industriales que podrían permitirle recuperar actividad, pero las decisiones que las pondrían en marcha siguen demoradas. El plan de acción menciona como eje la consolidación de contratos plurianuales con el Estado para mantenimiento y modernización de aeronaves.

Dos acuerdos centrales —la actualización de los IA-63 Pampa y el mantenimiento de los C-130 Hércules— están sin formalizar. La Fuerza Aérea Argentina, a través de su titular, el brigadier general Gustavo Valverde, atribuyó la demora a restricciones presupuestarias, según publicó el medio cordobés La Voz. Las carpetas siguen en el mismo estado con el sucesor, el teniente general Carlos Presti.

Sin órdenes de trabajo de largo plazo, FAdeA no puede planificar producción, compras ni inversiones, y la cadena industrial se rompe. La planta permanece prácticamente paralizada, como lo afirmó el secretario general del Sindicato de Trabajadores Aeronáuticos (STA), Marcelo Bertorello.

La única excepción es la producción de partes para el avión brasileño C-390 Millennium, dentro del programa con Embraer, del que FAdeA es socio de riesgo. Ese programa recibió un pago reciente de unos 3 millones de dólares, que el nuevo presidente de FAdeA, ingeniero Oscar López, aplicó en parte a compromisos salariales.

Una fábrica estratégica que pierde recurso humano esencial

FAdeA no es una empresa industrial cualquiera: es una sociedad anónima cuyo único accionista es el Estado Nacional, bajo la órbita del Ministerio de Defensa, con Fabricaciones Militares como socio mayoritario. Su principal cliente histórico es la Fuerza Aérea Argentina. El Estado tomó el control en 2009, tras la concesión a Lockheed Martin, adquiriendo acciones, inmuebles e instalaciones de la histórica Fábrica Militar de Aviones.

Un eventual concurso preventivo tendría un impacto político e institucional mayor que el de una empresa privada con problemas de liquidez. El costo oculto sería perder capacidades que llevan décadas construirse. FAdeA cuenta con 705 trabajadores, de los cuales 519 son personal técnico y profesional especializado.

La reducción de actividad, los pagos salariales fragmentados y una recomposición del haber que lleva tres años sin ejecutarse ya provocan que trabajadores calificados busquen alternativas laborales. “Estamos poniendo en riesgo la soberanía tecnológica adquirida en este sector y llevando al país a depender de empresas y potencias extranjeras”, afirmó Bertorello.

Córdoba reclama definiciones

Desde Córdoba también crecen las inquietudes. El ministro de Industria provincial y ex presidente de FAdeA, Fernando Sibilla, sostuvo que la empresa tiene un “potencial enorme”, pero está condicionada por las decisiones de su accionista estatal. Sibilla señaló que la fábrica conserva capacidades para mantenimiento militar, especialmente de los sistemas Hércules y Pampa, además de oportunidades de exportación vinculadas con Embraer y el C-390, y mencionó posibilidades en mantenimiento comercial, aeroestructuras y fabricación de componentes.

La provincia ya había explorado una alternativa de participación público-privada, pero esas negociaciones no avanzaron por falta de voluntad del Gobierno Nacional, según la evaluación de Sibilla.

El interrogante que Defensa ya no puede postergar

El presupuesto 2026 establece un plan de reducción de gastos y control mensual para mejorar la competitividad internacional, pero el ajuste difícilmente resuelva una crisis generada por la falta de actividad y de contratos.

“FAdeA necesita saber qué quiere hacer el Estado con ella”, dijo tajante Bertorello: “si será una herramienta estratégica para el mantenimiento y modernización de los sistemas de armas argentinos, una empresa aeronáutica con capacidad exportadora, un proveedor especializado dentro de cadenas regionales como la de Embraer, o simplemente una sociedad estatal destinada a sobrevivir mediante transferencias presupuestarias”.

“Cada mes sin contratos significa menos producción. Cada mes sin producción implica menor facturación. Cada mes de menor facturación aumenta la deuda. Y cada demora en los pagos deteriora la relación con los proveedores y con la fuerza laboral que es el sostén de la producción de la fábrica”, completó el gremialista.

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