El Consejo de la Magistratura de la Nación avanza en la investigación sobre la polémica limpieza realizada en mayo en el subsuelo del Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán, un operativo que derivó en una denuncia penal y generó un fuerte conflicto interno. En su última sesión, el organismo aprobó un pedido de informes para obtener documentación oficial sobre el procedimiento, determinar cómo se ejecutó y conocer el destino de los elementos retirados.
El hecho ocurrió el 11 de mayo, cuando la jueza Cristina Giordano, quien subrogaba el TOF, ordenó intervenir los depósitos del edificio de Crisóstomo Álvarez y Chacabuco. La Gendarmería Nacional participó con camiones para retirar materiales acumulados durante décadas, incluyendo secuestros judiciales, mobiliario, computadoras y documentación.
La limpieza fue cuestionada por el secretario de Cámara, Hugo César del Sueldo Padilla, quien presentó una denuncia penal contra los tres jueces subrogantes que integraban el tribunal: Ana Carina Farías, Federico Bothamley y Cristina Giordano. Del Sueldo Padilla afirmó que se opuso desde el inicio al retiro de los elementos, ya que, como custodio de los secuestros judiciales, consideraba que la medida violaba los procedimientos legales.
En su declaración ante el fiscal federal Agustín Chit, y luego ante Rafael Vehils Ruiz y el juez José Manuel Díaz Vélez, el secretario calificó la remoción como un acto “fuera de la ley”. Además, advirtió que en el subsuelo había elementos vinculados a causas penales en trámite, expedientes con juicios pendientes y procesos sin sentencia firme.
Los elementos retirados
Durante el operativo se retiraron cajas y objetos con la intervención de empleados judiciales y efectivos de Gendarmería, mientras se confeccionaban planillas para clasificar los materiales. Entre los bienes figuraban expedientes, armas, dinero, muestras de estupefacientes, vehículos, computadoras, teléfonos celulares y relojes, todos incorporados como prueba en distintas investigaciones.
Del Sueldo Padilla también señaló que el caso “Ale” no estaba concluido, ya que faltaba cumplir una resolución de reenvío de la Cámara Federal de Casación Penal. El fiscal federal Pablo Camuña, representante del Ministerio Público Fiscal ante el TOF, solicitó información sobre la resolución que autorizó el operativo, las normas aplicadas y el acta correspondiente, para determinar si entre los materiales había pruebas de causas no juzgadas.
El rol del Consejo de la Magistratura
El expediente llegó al Consejo a partir de una presentación de la legisladora Silvia Elías de Pérez, quien pidió analizar las circunstancias del operativo y evaluar la responsabilidad disciplinaria de los magistrados. El consejero Alberto Lugones impulsó un pedido para que la Cámara Federal de Tucumán informe si tuvo conocimiento de la remoción, si fue notificada sobre la presunta desaparición de 58 comprimidos de Alprazolam y si el secretario había advertido irregularidades.
La referencia a los comprimidos es clave: según trascendió, en un juicio el Ministerio Público Fiscal desistió de sostener la acusación tras la desaparición de ese material durante la limpieza. Con la actuación disciplinaria en marcha, el Consejo deberá reunir la documentación para establecer si el operativo respetó las normas de custodia y conservación de bienes secuestrados, mientras la investigación penal continúa sin avances significativos.
