Un proyecto presentado en la Legislatura bonaerense propone que las multas de tránsito impagas dejen de bloquear la obtención, renovación o duplicado de la licencia de conducir. La iniciativa, impulsada por el diputado Juan Osaba (La Libertad Avanza), modifica el artículo 8° de la Ley Provincial de Tránsito 13.927 para separar las deudas económicas de la aptitud para conducir.
La propuesta establece que la Provincia y los municipios no puedan exigir un certificado de libre deuda como condición para iniciar o completar trámites vinculados con el registro. De esta manera, se busca impedir que las infracciones pendientes actúen como un obstáculo para los conductores.
Qué cambia con la modificación del artículo 8°
El proyecto distingue entre infracciones en trámite y aquellas con resolución firme. En el caso de actas sin sentencia ejecutoriada, la autoridad podría informar al solicitante sobre la existencia y estado de esos antecedentes, pero no podría usarlos para frenar el trámite.
Según Osaba, “una deuda económica no determina la capacidad para manejar”. La iniciativa sostiene que las multas y obligaciones tributarias no deberían condicionar el acceso a un documento que acredita condiciones para conducir.
Cómo se cobrarán las deudas si se aprueba la ley
Si el proyecto avanza, las multas no se perdonan ni desaparecen. La diferencia radica en el mecanismo de cobro: el Estado deberá utilizar las vías legales existentes, pero sin condicionar la licencia. Así, una persona podría renovar su registro y, en paralelo, seguir siendo responsable por sus deudas, que deberá resolver por los canales correspondientes.
El antecedente judicial: el fallo de Morón
En 2021, Pablo Augusto Barril presentó una acción de amparo tras exigírsele el pago de multas para renovar su licencia. El Tribunal en lo Criminal N° 6 de Morón declaró inconstitucional el inciso tercero del artículo 10 del Anexo II del Decreto 532/2009 y ordenó al Municipio de Morón continuar con el trámite sin ese requisito.
Los jueces Cristian Adrián Toto y Alejandro Rodríguez Rey consideraron que la exigencia no guardaba relación suficiente con la capacidad para conducir y que generaba una discriminación según la capacidad económica del conductor. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín confirmó el fallo en mayo de 2021.
Sin embargo, esa sentencia solo benefició a Barril y no eliminó la exigencia de manera general. El proyecto de Osaba busca trasladar esa discusión al ámbito legislativo para establecer una regla uniforme en toda la provincia. Mientras tanto, los conductores deben seguir cumpliendo las condiciones vigentes para realizar sus trámites.
