El legislador Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) presentó un proyecto de resolución para que el Ejecutivo tucumano solicite a la Nación la cesión definitiva del inmueble donde funciona el Complejo Deportivo Nicolás Avellaneda, clausurado a comienzos de mes por orden judicial. La iniciativa apunta a incorporar el predio al patrimonio provincial y garantizar su uso deportivo público.
El espacio, ubicado en Suipacha al 100, fue cerrado tras una orden del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde entonces, quedaron suspendidas todas las actividades deportivas, artísticas y recreativas que se desarrollaban en el lugar. Cadenas, cintas perimetrales y carteles con la inscripción “Propiedad del Ferrocarril Belgrano. Prohibido pasar” señalaron el cierre del complejo, al que hasta hace poco concurrían diariamente niños, jóvenes y adultos para practicar artes marciales, calistenia, fútbol, vóley, danza aérea y otras disciplinas.
El secretario de Deportes de Tucumán, Diego Erroz, aclaró que el Gobierno provincial no tiene participación en la disputa. El proyecto de Bussi insta al Ejecutivo a iniciar negociaciones con la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y Ferrocarril General Belgrano para obtener la cesión, transferencia o entrega en usufructo gratuito del terreno. Una vez regularizada la situación dominial, la iniciativa propone incorporar el complejo a la órbita de la Secretaría de Deportes.
“Cuando un conflicto entre particulares termina perjudicando a cientos de chicos y deportistas, el Estado no puede permanecer como espectador. Tiene la obligación de intervenir para proteger un bien que cumple una función social insustituible”, sostuvo el parlamentario.
Un predio con historia ferroviaria
La situación jurídica del predio está relacionada con las sucesivas reorganizaciones del sistema ferroviario nacional. Hasta la década de 1990, Ferrocarriles Argentinos administraba las operaciones y los bienes del sector. Tras las privatizaciones y concesiones, numerosos terrenos, estaciones, galpones y playas de maniobras sin uso ferroviario permanecieron bajo control estatal.
En 1996 se creó el Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios (Enabief), luego absorbido por el Organismo Nacional de Administración de Bienes (Onabe) en 2000. En 2008 surgieron la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (Adifse) y la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse), y en 2012 la AABE reemplazó al Onabe. En 2015 se constituyó Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado. El Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 y la Ley Bases de 2024 impulsaron otra reorganización que incluyó la privatización de Belgrano Cargas y de Sofse. El año pasado se autorizó el procedimiento para la privatización total de Belgrano Cargas.
Ese recorrido administrativo explica que el inmueble continúe bajo jurisdicción nacional y forme parte de los activos ferroviarios administrados por Belgrano Cargas.
En los fundamentos de su propuesta, Bussi cuestionó el sistema de intermediación privada y advirtió que el conflicto perjudicó directamente a los profesores y a los cientos de alumnos que perdieron su lugar de entrenamiento. “El deporte no puede depender de la estabilidad de un contrato comercial. Debe ser una política pública permanente”, afirmó. Según el legislador, provincializar el complejo permitiría otorgarle seguridad jurídica, proteger a los docentes, asegurar la continuidad de las prácticas y preservar un patrimonio deportivo de los tucumanos.
Bussi sostuvo finalmente que el Nicolás Avellaneda representa más que un inmueble por su aporte histórico al deporte, la integración y la contención social. “No podemos permitir que un lugar que durante décadas promovió el deporte, la integración y la contención social termine desapareciendo por un conflicto administrativo”, concluyó.
