La Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación emitió dictamen favorable para los pliegos de Pablo Roberto Toledo y Ángel Roger Luna Roldán, quienes cubrirán dos de las tres vacantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán. El paso habilita el tratamiento en el recinto, en medio de una crisis de acefalía que obliga al tribunal a funcionar con jueces subrogantes.
Una justicia federal en crisis
El Tribunal Oral Federal de Tucumán arrastra una parálisis estructural desde que los magistrados Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla (fallecido) y Alicia Noli se acogieron a la jubilación. Desde entonces, el estrado opera con una integración extraordinaria de tres subrogantes —Cristina Giordano, Federico Bothamley y Marta Liliana Snopek— que deben compatibilizar agendas con sus tribunales de origen, demorando el debate de causas de narcotráfico, trata y corrupción.
La aprobación de los pliegos de Toledo y Luna Roldán representa un alivio para una jurisdicción que lleva años reclamando la cobertura de sus vocalías titulares. Ambos postulantes fueron propuestos por el Poder Ejecutivo y superaron las audiencias públicas y la evaluación de antecedentes.
Impugnaciones por vínculo matrimonial
El pliego de Ángel Roger Luna Roldán fue cuestionado por cuatro impugnaciones durante el período de participación ciudadana entre el 16 y el 22 de junio de 2026. La más relevante fue presentada por el abogado Emilio Guagnini, quien señaló una presunta incompatibilidad funcional: Luna Roldán está casado con Patricia Moltini, jueza titular de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.
Según Guagnini, el nuevo Código Procesal Penal Federal establece que la Cámara de Apelaciones actúa como revisora durante la Investigación Penal Preparatoria, mientras que el Tribunal Oral juzga en la etapa de debate. “De prestarse el acuerdo, el Dr. Luna Roldán asumirá para recibir y juzgar exactamente los mismos legajos en los que su esposa ya intervino como revisora”, advirtió el escrito, que alertó sobre un posible “colapso” y “paralización” del tribunal por inhibiciones en cadena. La impugnación invocó el artículo 60, inciso “d”, que obliga a los magistrados a inhibirse cuando exista parentesco con otro juez que hubiera intervenido en el procedimiento.
Luna Roldán presentó un descargo en el que calificó las objeciones como una “errónea interpretación del régimen de incompatibilidades procesales”. Sostuvo que la ley prohíbe la simultaneidad de parientes dentro del mismo tribunal, pero no cuando se desempeñan en tribunales distintos y autónomos. “La imparcialidad es una garantía de carácter estrictamente personal, subjetivo e individual, no familiar ni colectiva”, argumentó. El candidato invocó precedentes en Santiago del Estero, Salta y Mendoza, y recordó que el Consejo de la Magistratura elevó su terna en 2023 con conocimiento del vínculo familiar. Además, destacó que la reorganización de la Cámara Federal de Apelaciones en salas reduce el flujo de causas concurrentes.
La Comisión de Acuerdos desestimó las impugnaciones y, tras evaluar los antecedentes y la audiencia pública del 30 de junio, consideró acreditada la idoneidad de ambos candidatos. Los dictámenes quedaron plasmados en los Órdenes del Día N° 200 y 204, a la espera de la sesión del Senado que otorgue el acuerdo definitivo.
Vacantes pendientes
Aún resta cubrir la tercera vocalía del TOF, vacante por el fallecimiento de Carlos Jiménez Montilla, para la cual no hay concurso abierto. Tampoco están definidas las coberturas del Juzgado Federal N° 1, con competencia electoral, ni del Juzgado Federal N° 2. En el primero, la terna está integrada por Carlos Ezequiel Oneto, Carlos Eduardo Saltor y Solana Esther Casella, y es subrogado por José Manuel Díaz Vélez. En el segundo, la orden de mérito provisoria incluye a Pablo Roberto Toledo (que pasaría al TOF), Martín Eugenio Abdala y Andrés Agustín Da Rold, con Gonzalo Stordeur como cuarto. El juzgado está a cargo del subrogante catamarqueño Guillermo Díaz Martínez. También está vacante la fiscalía ante el TOF.
