Los cuatro policías tucumanos que intervinieron en el hallazgo de 66 kilos de cocaína en Salta, en el marco de una presunta “mejicaneada”, se movilizaban en una camioneta que estaba secuestrada por orden judicial en una causa por robo. El fiscal federal Ricardo Toranzos investiga su participación en el episodio, que suma un nuevo capítulo que complica su situación procesal.
El operativo y el hallazgo de la droga
El caso comenzó el domingo, cuando Delia Yolanda Tame, esteticista, e Ivana Georgina Portal, médica de Gendarmería Nacional, viajaban hacia Tucumán en una Renault Duster que ocultaba 66 kilos de cocaína en un doble fondo. Durante el trayecto fueron interceptadas por dos camionetas cuyos ocupantes intentaron detenerlas y, ante la negativa, abrieron fuego contra el vehículo.
Las mujeres lograron escapar y se refugiaron en una vivienda de la localidad salteña de El Potrero, a unos 20 kilómetros del límite con Tucumán. Los dueños de la casa alertaron a la Policía, que al llegar constató el cargamento de cocaína y que un grupo había intentado apoderarse de la carga.
La aparición de los policías tucumanos
En medio de las actuaciones, apareció una camioneta blanca con cuatro efectivos de la Policía de Tucumán. Según su versión, dos permanecieron dentro del vehículo y los otros dos dijeron que realizaban tareas de patrullaje cuando un automovilista les advirtió sobre una balacera en la Ruta Nacional 34. Sin embargo, cuando se descubrió la droga, abandonaron el lugar sin dejar constancia oficial de su intervención.
Esa conducta motivó la apertura de una investigación a cargo del fiscal federal de Salta, Ricardo Toranzos, quien busca determinar el verdadero motivo de la presencia de los uniformados tucumanos en territorio salteño.
Irregularidades y vehículo robado
Toranzos ordenó el secuestro de las armas reglamentarias de los siete efectivos del destacamento involucrado, el libro de guardia y la Toyota SW4 utilizada para trasladarse. Durante una audiencia, el fiscal reveló que no existía ningún registro oficial que respaldara la versión de los policías: no quedó asentado el supuesto aviso del automovilista ni fue posible identificarlo. Además, se determinó que la Toyota SW4 no pertenecía al parque automotor policial, sino que era un vehículo secuestrado en una causa judicial por robo.
La camioneta había sido secuestrada el 16 de junio durante un operativo del Operativo Lapacho. La investigación determinó que había sido robada en Córdoba y circulaba con patente de otra camioneta similar mientras era trasladada hacia Bolivia. En esa causa intervino el fiscal Carlos Saltor, quien obtuvo la prisión preventiva para el conductor, un ciudadano jujeño acusado de encubrimiento. Saltor había dispuesto que la camioneta permaneciera bajo secuestro judicial hasta esclarecer su origen.
Pese a ello, el domingo la camioneta fue utilizada por los policías tucumanos para trasladarse hasta Salta sin autorización judicial. Ante esto, Saltor presentó un requerimiento formal para que se investigue la conducta de los efectivos, que podría constituir un nuevo delito. Esa investigación quedará a cargo de la fiscal Mariana Rivadeneira.
Hipótesis sobre el rol de los policías
Toranzos mantiene dos hipótesis: que los efectivos fueron convocados por Jorge “Xuxa” Troichuque para colaborar en el intento de apoderarse del cargamento de cocaína, o que existía un acuerdo previo con los responsables del transporte de la droga para evitar controles, y luego intervinieron al conocer el ataque a las transportistas.
El Ministerio Público aguarda los resultados de las pericias balísticas sobre las armas incautadas para definir la situación procesal de los policías, que ya fueron separados preventivamente de la fuerza. El propietario de la Toyota SW4 deberá iniciar nuevas gestiones judiciales para recuperar el vehículo, que volvió a quedar secuestrado por disposición de Toranzos hasta que concluyan las pericias.
