El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán derogó la ordenanza que habilitaba el estacionamiento medido y ahora trabaja en un nuevo sistema que incluya a los cuidacoches. La decisión se tomó luego de que la Corte Suprema de Tucumán ratificara la nulidad del contrato de concesión. La intendenta Rossana Chahla ya anticipó que se evalúan variantes para un esquema que contemple el contexto económico y social de la ciudad.
En la sesión en la que se votó la derogación, el presidente de la comisión de Transporte, José María Franco, sostuvo que la eliminación de la ordenanza “viene de la mano con tomar una decisión hacia el futuro” y defendió que el sistema de estacionamiento pago puede ordenar la circulación vehicular en el centro tucumano.
Inclusión de trabajadores informales
El presidente del bloque Peronismo de la Capital, Ernesto Nagle, puso el foco en el rol de los cuidacoches y trabajadores informales. Remarcó que existe un “compromiso público” del Concejo para trabajar en una alternativa integradora que los incluya formalmente, con el objetivo de “dignificar una actividad” que ya existe en la práctica.
En la misma línea, el concejal Gastón Gómez (Libres del Sur) consideró que el debate debe incorporar una mirada sobre la economía popular y la integración laboral de quienes dependen de ese trabajo en el espacio público.
Críticas a los abusos y al desorden vial
El radical Federico Romano Norri advirtió sobre “malos ejemplos” entre los trapitos, que cobran de manera coercitiva entre $3.000 y $10.000 a conductores, especialmente a mujeres. No obstante, aclaró que también hay cuidacoches respetuosos con buena relación con vecinos.
El concejal Gustavo Cobos (UCR) describió el estacionamiento en el casco histórico como “una búsqueda del tesoro” y señaló la contradicción entre la señalización y la realidad cotidiana, con calles prohibidas que están repletas de autos.
Críticas al contrato anterior
El peronista Gonzalo Carrillo Leito cuestionó el esquema de distribución económica del contrato anulado, donde el 85% de la ganancia quedaba en manos de la concesionaria y solo el 15% para el municipio. Facundo Vargas Aignasse destacó que el objetivo es abordar el tránsito con una estrategia más amplia, que incluya la regularización de plataformas digitales y la reforma del Código de Planeamiento Urbano.
Carlos Ale (alfarismo) hizo una reflexión autocrítica: “Cuando la política interfiere demasiado, las soluciones terminan empantanadas”. Consideró que la derogación debe ser un llamado de atención para construir una norma consensuada que permita al Ejecutivo ofrecer una respuesta concreta al caos vehicular.
La decisión del Concejo abre una nueva etapa de discusión sobre cómo regular el estacionamiento, equilibrando orden urbano, recaudación, inclusión social y aceptación ciudadana.
