La investigación por el secuestro de 470 kilos de cocaína en Famaillá suma seis detenidos y avanza con derivaciones judiciales y políticas. Entre los implicados hay un excandidato a concejal, un empresario nocturno y un hombre vinculado al clan Ale.
El caso comenzó con la detención de Marcos Nacif, sorprendido transportando la droga en una Toyota Hilux. Nacif declaró que Pablo Abraham Pérez lo contrató para llevar bidones de combustible a Chicligasta, pero luego desistió de ampliar su declaración. Su defensor, Javier Lobo Aragón hijo, evalúa que vuelva a hablar.
El segundo detenido es Rodrigo “Icha” Chávez, propietario de la camioneta y excandidato a concejal de Famaillá por un espacio manzurista. Chávez aseguró que entregó el vehículo como pago 15 días antes del secuestro, pero dentro se encontraron documentación a su nombre, su DNI y banderas de su agrupación. Su defensa, a cargo de Benito Allende, busca desvincularlo.
Pablo Abraham Pérez, empresario nocturno y transportista, se presentó ante la Justicia tras conocerse una orden de detención. Según la pesquisa, el jueves 4 estacionó la camioneta en una estación de servicio, donde permaneció una hora sin custodia. Su abogado, Ernesto García Biagosch, define cuándo declarará.
Matías Díaz, comerciante de autos usados y vinculado a Pérez, también fue detenido. Se reunió con él antes del secuestro en la estación de servicio. Además, su esposa, sin trabajo declarado, figura como dueña de dos camionetas de alta gama y un camión con acoplado.
En la causa aparecen Enrique Santos Catulo y su hijo Fernando Catulo Chamas. Enrique Catulo, condenado en el juicio contra el clan Ale por asociación ilícita, fue detenido por reunirse con Pérez y participar en la venta de la camioneta. Declaró que el encuentro fue para cobrar una deuda por otro vehículo. Su defensa pidió arresto domiciliario. Fernando Catulo Chamas confirmó que Pérez se retiró de la estación de servicio en un auto, no en la camioneta. Su testimonio es clave para reconstruir los movimientos previos. Sus abogados solicitaron excarcelación.
El regreso de “Pelaín” Nasif
La investigación volvió a poner bajo la lupa a Jorge “Pelaín” Nasif, un hombre de Famaillá que ya apareció en otro expediente resonante. En 2022 fue víctima de un episodio violento atribuido a los “narcopolicías”, un grupo que robaba droga o capturaba supuestos narcos para pedir rescates. En ese juicio, Nasif declaró como víctima, pero un policía condenado dijo que ingresaron a su casa porque recibiría un cargamento de droga.
El año pasado, Nasif comenzó a ser investigado por presunta comercialización de estupefacientes. Estuvo prófugo varios meses hasta que fue detenido en la casa de su pareja. Actualmente está procesado en el penal de Benjamín Paz. El fiscal Carlos Sale encontró indicios de que Nasif operaba a mayor escala que el narcomenudeo y abastecía puntos de venta del sur provincial. En cámaras de su vivienda se lo observaría manipulando panes de cocaína. Sale pidió elevar la causa a la Justicia Federal, pero un juez lo rechazó. La cuestión se definirá el 30 de julio en un tribunal de Impugnación.
Derivaciones políticas
El expediente también generó ruido político. Trascendió que uno de los detenidos tendría vínculo con una empleada de la Legislatura. El vicegobernador Miguel Acevedo habría consultado a una legisladora opositora y, tras una respuesta afirmativa, solicitó el cese de la trabajadora. La mujer no figura en el expediente ni está formalmente vinculada. Este es el segundo nexo político: el primero fue la candidatura de Rodrigo Chávez a concejal por el Movimiento de Unidad Popular.
La causa sigue abierta. Los investigadores buscan reconstruir quiénes participaron en el traslado, la logística y el destino final de los 470 kilos de cocaína.
