El Gobierno nacional formalizó la adjudicación de la Vía Navegable Troncal (VNT) al consorcio Jan De Nul N.V.-Servimagnus S.A., que operará, mantendrá y modernizará la principal arteria fluvial por donde circula el 80% del comercio exterior argentino.
La decisión se oficializó mediante la Resolución 2026-36-APN-ANPYN#MEC, que puso fin a la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/2025. Desde el Gobierno destacaron que la propuesta del consorcio fue la más conveniente y que no hubo impugnaciones de los otros oferentes, lo que convalidó los dictámenes técnicos de la Comisión Evaluadora.
El acuerdo formal deberá firmarse en un plazo de 30 días. Según proyecciones oficiales, la entrada en vigencia del nuevo esquema reducirá un 13,5% los costos logísticos para los actores del comercio exterior.
El plan incluye trabajos de profundización del canal navegable y la incorporación de nuevas tecnologías para reforzar la seguridad y el control contra el narcotráfico. Las obras de dragado permitirán que los buques completen su carga en los puertos de origen, lo que generaría ahorros adicionales, ampliaría la frontera productiva y mejoraría la competitividad exportadora, según el comunicado oficial.
Respaldo del sector privado y las provincias
El Gobierno destacó el aval de organizaciones como la Cámara de la Industria Aceitera-Centro de Exportadores de Cereales, la Unión Industrial Argentina, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas.
También se sumaron los gobiernos provinciales de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, que expresaron su conformidad con el cierre del proceso licitatorio.
El Ejecutivo sostuvo que el procedimiento fue transparente y contó con el seguimiento de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que supervisó la aplicación de estándares internacionales.
Con esta adjudicación, finaliza la administración estatal directa de la VNT y comienza un esquema de gestión privada, mientras el Estado conserva las funciones de control y supervisión sobre la operación del consorcio.
