La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (Adiunt) rechazó el acuerdo salarial firmado entre el Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y confirmó la continuidad de las medidas de fuerza. El conflicto universitario se mantiene abierto mientras la Ley de Financiamiento Universitario sigue en la Corte Suprema.
El entendimiento anunciado por el Ejecutivo contempla una recomposición salarial acumulada del 24,33%, distribuida en dos tramos: un 21,33% desde julio y un 3% adicional en octubre. Según se informó, la mejora incluye siete puntos correspondientes a 2024, 12,33 puntos de 2025 y un porcentaje para compensar parcialmente la pérdida salarial hasta mayo de este año. También se acordaron mecanismos para evitar el deterioro salarial frente a la inflación en 2026 y una nueva instancia de negociación paritaria.
El acuerdo incluye además un aumento del 50% en las Becas Estratégicas Manuel Belgrano y una asignación extraordinaria de $50.000 millones para hospitales universitarios. Sin embargo, la Conadu Histórica, federación que integra Adiunt, resolvió rechazar la propuesta.
Rechazo y argumentos del gremio
La secretaria general de Adiunt, Anahí Rodríguez, informó que el Congreso de Conadu Histórica votó mayoritariamente en contra: “El Congreso de Conadu Histórica, la Federación que nos nuclea, votó a favor de rechazar este acuerdo con 71 votos de los congresistas. Por otro lado se resolvió sostener y ratificar el paro de la próxima semana, del 16 al 20 de junio”.
Rodríguez cuestionó el trasfondo político: “Este supuesto acuerdo es una suerte de operación política que busca tirar abajo la ley de financiamiento universitario. Con la firma de todas las partes, el Gobierno ahora irá a la Justicia y va a pedir la nulidad de la causa. Ese es su objetivo”.
La dirigente sostuvo que la recomposición ofrecida es insuficiente frente a la pérdida acumulada del poder adquisitivo. Según explicó, mientras la propuesta oficial prevé un 24,33%, la Ley de Financiamiento Universitario impulsaría una recomposición cercana al 55% entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, con revisiones trimestrales. “Ahora el Gobierno pretende cerrar el conflicto universitario dándonos el 21% y patear para 2027 el resto, además de eliminar la lucha por la ley de financiamiento universitario”, cuestionó.
También puso en duda el incremento de las Becas Manuel Belgrano: “Las becas Manuel Belgrano son únicamente para carreras estratégicas, es decir, cobran solo un grupo de estudiantes. Por el contrario, las becas Progresar son para todos y siguen congeladas en $35.000”.
Desde Adiunt advierten que el rechazo al acuerdo se extiende más allá de las estructuras gremiales. Rodríguez señaló que en varias universidades del país crecen las asambleas y autoconvocatorias que cuestionan la propuesta aceptada por otros sectores. “Hubo federaciones que firmaron este acuerdo, pero hay procesos en estos momentos, con asambleas y autoconvocatorias de docentes, que votaron masivamente rechazar estas ofertas. Esto va a generar el avance de la lucha pese a las propias dirigencias sindicales”, afirmó.
Mientras el Gobierno y el CIN buscan una salida negociada, el rechazo de una parte importante del sector docente mantiene abierto el conflicto salarial y presupuestario, en un escenario que incluye la discusión judicial sobre el financiamiento universitario.
