jueves, noviembre 13, 2025

Yerba Buena y su nuevo Código Urbano — ¿Orden o concesión?

La ciudad de Yerba Buena acaba de dar un paso que promete redefinir su fisonomía durante los próximos 25 años: la aprobación del nuevo Código de Planeamiento Urbano. Tras años de debates, sesiones frustradas y tensiones políticas, el Concejo Deliberante sancionó una normativa que busca ordenar el crecimiento de la ciudad jardín. Pero como suele ocurrir con las decisiones estructurales, el consenso está lejos de ser unánime.

Una apuesta por el orden y la previsibilidad

Desde el oficialismo, el nuevo código es celebrado como un hito. El intendente Pablo Macchiarola y el presidente del Concejo, Javier Jantus, lo describieron como una herramienta para “dar previsibilidad, orden y futuro a la ciudad”. La norma reemplaza al código vigente desde 1994 y propone una planificación más integral: fija límites de altura, regula barrios privados, proyecta la continuidad de calles y busca preservar el perfil residencial y verde que caracteriza a Yerba Buena.

El concejal Mauricio Argiró, uno de los impulsores del proyecto, defendió la iniciativa afirmando que “por primera vez se establece un marco claro para el desarrollo urbano, con reglas iguales para todos y sin lugar para excepciones discrecionales”. Para él, el nuevo código es una respuesta a décadas de crecimiento desordenado y una oportunidad para “pensar la ciudad a largo plazo, con equilibrio entre desarrollo y calidad de vida”.

Críticas: ¿una puerta abierta a la especulación?

Pero no todos ven el código como una solución. El concejal opositor Walter “Kabuby” Aráoz fue tajante: “Este código viene a terminar de destruirla a Yerba Buena porque es permisivo”. Su principal preocupación radica en la flexibilización de las alturas permitidas en zonas residenciales emblemáticas. Por ejemplo, en la intersección de Aconquija y Acassuso se podrán construir edificios de hasta cuatro pisos, sin respetar el tradicional ángulo de 30 grados que protegía la armonía visual y la privacidad de las viviendas.

Para Aráoz y otros críticos, el nuevo código responde más a presiones inmobiliarias que a una visión sustentable. Temen que la verticalización desmedida, sin una infraestructura adecuada, termine por saturar servicios, congestionar el tránsito y erosionar la identidad barrial

Tambien la concejal María Decoud Griet fue una de las voces más críticas. “Esto no es un código de ordenamiento urbano, es un código inmobiliario”, disparó. Según ella, la norma duplica la densidad poblacional sin resolver problemas estructurales como la falta de agua, cloacas colapsadas y tránsito caótico. También cuestionó la falta de estudios técnicos y la escasa participación vecinal real en el proceso.

Vecinos tradicionales de barrios como El Corte, Los Pinos y La Rinconada comparten esa preocupación. Muchos temen que la verticalización permitida en zonas residenciales históricas altere la identidad barrial. “Nos vendieron la idea de una ciudad jardín, pero ahora quieren llenarla de edificios”, expresó Marta, vecina de la calle Perú desde hace más de 30 años. Otros, como Roberto, comerciante de la avenida Aconquija, temen que el aumento de la densidad sin mejoras en infraestructura colapse aún más los servicios: “No hay agua en verano, y ahora quieren traer más gente sin resolver eso”.

Como se vería una edificación en Av. Solano Vera según el nuevo COU (Codigo de Ordenamiento Urbano)

¿Qué ciudad se proyecta?

El impacto del nuevo Código Urbano dependerá de su implementación y de la voluntad política de respetar sus límites. Si se cumple su espíritu —ordenar el crecimiento, preservar lo verde, evitar excepciones discrecionales— Yerba Buena podría consolidarse como una ciudad modelo en planificación urbana.

Pero si se convierte en una carta blanca para desarrollos inmobiliarios sin control, el riesgo es alto: pérdida de identidad, fragmentación social y deterioro ambiental.

Yerba Buena está en una encrucijada. El nuevo código es una oportunidad para construir una ciudad más ordenada, inclusiva y sustentable. Pero también es una prueba de fuego para sus dirigentes: ¿serán capaces de priorizar el interés colectivo por sobre los negocios privados? El tiempo, y la vigilancia ciudadana, dirán si esta norma será recordada como el inicio de una nueva etapa o como el principio del fin de la ciudad jardín.

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