La renuncia de José Luis Espert a su candidatura como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires no solo sacudió el tablero político a semanas de las elecciones, sino que expuso con crudeza una práctica que se vuelve cada vez más habitual en el oficialismo: la improvisación institucional con costo social.
La dimisión de Espert, envuelta en acusaciones por vínculos con el empresario Fred Machado —investigado por narcotráfico—, dejó a La Libertad Avanza (LLA) en una encrucijada. El oficialismo, lejos de asumir el golpe con responsabilidad, optó por solicitar la reimpresión de las boletas para reemplazar la imagen del renunciante por la de Diego Santilli. El pedido, presentado ante la Justicia Electoral, desató una ola de críticas por su carácter extemporáneo, su impacto económico y su potencial distorsión del proceso democrático.
¿Quién paga la improvisación?
La reimpresión de las boletas únicas de papel (BUP) implicaría un gasto estimado de entre 14.000 y 16.000 millones de pesos, en un país donde cada peso público debería estar justificado por urgencias sociales. Legisladores de distintos espacios —desde Unión Federal hasta el Frente Renovador— rechazaron la maniobra por considerarla un “privilegio indebido” y una “violación al principio de equidad electoral”.
La ley es clara: las boletas se imprimen una sola vez. Reimprimir por la renuncia de un candidato no solo rompe con ese principio, sino que abre la puerta a una peligrosa elasticidad normativa, donde los errores o escándalos internos de una fuerza política pueden ser corregidos a costa del erario público.
Paridad, legalidad y oportunismo
El oficialismo argumenta que el reemplazo busca preservar la paridad de género en la lista. Sin embargo, el corrimiento propuesto —que ubica a Santilli en el primer lugar, desplazando a Karen Reichardt— contradice el espíritu de la ley de cupo y revela una lógica de marketing electoral más que de respeto institucional.
Además, los plazos legales para modificar candidaturas ya vencieron. La Justicia Electoral deberá decidir si habilita una excepción que podría sentar un precedente riesgoso: permitir que una fuerza política reconfigure su boleta oficializada a días de la elección, por razones que no son ni jurídicas ni técnicas, sino puramente políticas.
¿Qué está en juego?
La renuncia de Espert no es un hecho aislado. Es el síntoma de una campaña oficialista que se deshilacha entre escándalos, encuestas adversas y decisiones desesperadas. La reimpresión de boletas, más que una solución, parece un intento de maquillar el daño, trasladando el costo al conjunto de la ciudadanía.
En tiempos donde la confianza en las instituciones está en juego, el respeto por las reglas, los plazos y el dinero público debería ser innegociable. La democracia no se imprime dos veces.
