En la Argentina de las campañas eternas y las denuncias recicladas, el escándalo que envuelve al candidato de La Libertad Avanza, José Luis Espert, por presuntos vínculos con el empresario narco Fred Machado, reabre una grieta incómoda: la del financiamiento electoral y sus zonas grises. Lo que comenzó como una denuncia judicial presentada por Juan Grabois se transformó en una tormenta política que amenaza con desestabilizar no solo la candidatura de Espert, sino también la credibilidad institucional de quienes lo respaldan.
El origen del vínculo: aviones, dólares y favores
Fred Machado, empresario argentino detenido en 2021 por pedido de la justicia estadounidense, enfrenta cargos por narcotráfico, lavado de dinero y fraude. Según documentos judiciales del Distrito Este de Texas, Machado habría transferido 200.000 dólares a Espert en febrero de 2020, en el marco de su campaña presidencial. El dinero, según la fiscalía norteamericana, provendría de un fideicomiso gestionado por Debora Lynn Mercer-Erwin, ya condenada por delitos vinculados al narcotráfico.
Pero el vínculo no se limita a lo financiero. Espert admitió haber viajado en el avión privado de Machado y utilizar una camioneta blindada Jeep Grand Cherokee que pertenecía a Claudio Ciccarelli, primo y presunto prestanombre de Machado. Ciccarelli, además, es pareja de la diputada Lorena Villaverde, investigada por presunta tenencia de cocaína. El entramado se extiende desde Vaca Muerta hasta Guatemala, donde Machado habría financiado campañas presidenciales.
Francisco Oneto: el abogado de todos los caminos
La figura del abogado Francisco Oneto agrega una capa más al escándalo. Oneto no solo representa legalmente a Fred Machado en su batalla para evitar la extradición a Estados Unidos, sino que también es el abogado personal del presidente Javier Milei. En el ecosistema libertario, Oneto ocupa un rol estratégico: fue candidato a vicegobernador bonaerense en 2023 junto a Carolina Píparo, conduce el streaming oficialista Carajo y se convirtió en el hombre de confianza legal de Milei tras la salida de Diego Spagnuolo.
Su estilo provocador y mediático lo llevó a defender causas polémicas, desde el caso Generación Zoe hasta el crimen de Fernando Báez Sosa. Pero su rol en el escándalo narco es más que simbólico: Oneto también fue abogado de Espert en causas previas, y en 2021 defendió al candidato en una querella contra economistas que lo acusaban de recibir fondos oscuros. En ese juicio, el propio Milei declaró como testigo a favor de Espert, desmintiendo a sus antiguos aliados y alineándose con quien hoy comparte espacio político.
Impacto institucional: ¿puede presidir la Comisión de Presupuesto?
La controversia escaló al Congreso. Germán Martínez, jefe del bloque kirchnerista, exigió la remoción inmediata de Espert como presidente de la Comisión de Presupuesto. La Cámara de Diputados lo convocó a dar explicaciones en la Comisión de Prevención de Adicciones y Control de Narcotráfico. El pedido no solo busca esclarecer los hechos, sino también marcar un límite ético en el ejercicio legislativo.
¿Campaña sucia o verdad incómoda?
El caso Espert-Machado-Oneto expone una tensión estructural: ¿hasta dónde llegan los vínculos entre política, justicia y crimen organizado? ¿Puede un abogado representar simultáneamente a un presidente, a un candidato y a un presunto narco sin que eso afecte la percepción pública? ¿Es posible que un candidato reciba fondos sin conocer su origen?
Más allá de la veracidad judicial, el escándalo revela una fragilidad institucional que excede a Espert. En tiempos donde la política se juega en redes, aviones privados y estudios de streaming, la ciudadanía merece algo más que explicaciones evasivas. Merece verdad, justicia y una democracia que no se defienda con abogados “nivel Dios”, sino con instituciones que no compartan patrocinantes con el crimen organizado.
