En una sesión que quedará en los anales legislativos, el Senado de la Nación rechazó por amplia mayoría el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Con 63 votos afirmativos y apenas siete negativos, el Congreso desoyó la voluntad del presidente Javier Milei y reinstaló una norma que había sido impulsada por diversos sectores sociales y políticos. El gesto no fue solo institucional: fue profundamente político. Y en ese gesto se condensa una radiografía incómoda para el oficialismo.
El rechazo del veto no es un hecho aislado. Se inscribe en una secuencia de derrotas parlamentarias que revelan la debilidad estructural del gobierno en el Congreso. La Libertad Avanza, con representación minoritaria y alianzas cada vez más frágiles, no logra sostener sus iniciativas ni blindar sus decisiones. El PRO, la UCR y bloques provinciales que alguna vez coquetearon con el oficialismo, esta vez se alinearon con la oposición y lo hicieron con discursos que rozaron la ruptura definitiva.
La ley en cuestión no solo tiene impacto presupuestario —con un costo estimado entre el 0,28% y el 0,51% del PBI—, sino que toca fibras sensibles: derechos, inclusión, dignidad. Vetarla fue un error político de cálculo, y el Congreso lo corrigió con una contundencia que no se veía desde 2003. Pero más allá del contenido, el episodio expone una verdad incómoda: el gobierno no tiene el músculo parlamentario para sostener su agenda, ni siquiera en temas donde podría haber buscado consensos.
Este debilitamiento institucional ocurre en un contexto electoral cargado de incertidumbre. La Provincia de Buenos Aires, epicentro del padrón y termómetro político, se prepara para una elección legislativa clave. El oficialismo teme una baja participación que favorezca el “voto aparato” de los intendentes peronistas. La campaña se nacionalizó, los discursos se endurecieron, y el clima se volvió áspero. La Casa Rosada, lejos de capitalizar su narrativa de cambio, enfrenta una ciudadanía fatigada, una economía tensionada y una oposición que aprendió a coordinar.
La intervención cambiaria del Tesoro, la suba del riesgo país y las tasas de interés desorbitadas son síntomas de una política económica que empieza a mostrar fisuras. Incluso sectores empresariales, que inicialmente celebraron el ajuste, ahora advierten que el modelo necesita recalibrarse. La falta de reservas, la presión inflacionaria y el atraso cambiario configuran un escenario que podría volverse insostenible tras los comicios.
En este marco, el rechazo del veto no es solo una derrota legislativa. Es un mensaje institucional, un llamado de atención y, quizás, el primer gran aviso de que el poder presidencial no es absoluto. Gobernar requiere algo más que convicción: requiere acuerdos, sensibilidad y estrategia. Y en la Argentina de hoy, también requiere escuchar.
