La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, volvió a ocupar el centro del debate público tras solicitar a la Justicia Federal el allanamiento de los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico. El motivo: la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, que habrían sido grabados dentro de Casa Rosada. El pedido, realizado por el abogado Fernando Soto en representación del Ministerio, se enmarca en una denuncia por presunta “operación de inteligencia ilegal”.
Más allá del contenido de los audios —que muestran a Milei en tono coloquial hablando sobre la interna oficialista y su rutina laboral— el foco se desplazó rápidamente hacia el terreno más espinoso: ¿hasta dónde puede llegar el Estado en su afán de proteger la intimidad de sus funcionarios sin vulnerar la libertad de prensa?
¿Privacidad o censura?
El Gobierno sostiene que no se trató de una filtración, sino de un “ataque ilegal, planificado y dirigido” para desestabilizar al Ejecutivo en plena campaña electoral. En ese marco, el juez Alejandro Maraniello dictó una cautelar que prohíbe la difusión de los audios por cualquier medio. La medida, según el fallo, busca resguardar bienes jurídicos como la intimidad y el honor, sin afectar el debate público.
Sin embargo, el pedido de allanamiento a periodistas —sin que medie una imputación penal concreta— genera inquietud. ¿Se está investigando una violación a la Ley de Inteligencia o se está intentando disciplinar al periodismo incómodo? ¿Es legítimo que el Estado persiga a quienes difunden información sensible, aun cuando no haya delito probado?
El periodismo como blanco
Desde Carnaval Stream, el canal que difundió los audios, Mauro Federico reafirmó su compromiso con el periodismo y denunció un intento de silenciar voces críticas. La tensión entre el Gobierno y los medios no es nueva, pero este episodio eleva el tono: se pasa de la disputa discursiva al terreno judicial, con implicancias institucionales profundas.
La libertad de prensa no es un privilegio de los periodistas, sino un derecho de la sociedad. Cuando se allanan domicilios por publicar audios que, según el propio Gobierno, son “jurídicamente inocuos”, el mensaje es claro: el poder no tolera que se lo observe de cerca.
Democracia vigilada
En un país donde la historia reciente está marcada por prácticas de espionaje, operaciones encubiertas y persecuciones mediáticas, el pedido de Bullrich activa todas las alarmas. La democracia se fortalece con transparencia, no con secretismo. Y si hay delitos, deben investigarse con garantías, no con medidas que rozan el amedrentamiento.
La ministra, que ha hecho de la seguridad su bandera, enfrenta ahora el desafío de demostrar que su cruzada no se convierte en una amenaza para las libertades fundamentales. Porque cuando el Estado confunde protección con censura, lo que se pone en riesgo no es solo la intimidad de sus funcionarios, sino la salud de la República.
