La tragedia del fentanilo contaminado no es un hecho aislado ni un error técnico puntual. Es la consecuencia directa de una política de desregulación que desmantela los organismos estatales encargados de proteger la salud pública. En un país donde el Estado debería ser garante de seguridad sanitaria, el Gobierno ha optado por desentenderse de sus funciones más sensibles, dejando a la población expuesta a riesgos evitables.
La remoción de Mariela García, directora de Vigilancia Post Comercialización de la ANMAT, en medio de una investigación judicial por partidas contaminadas, no responde a una estrategia de transparencia, sino a una lógica de desresponsabilización. El Ministerio de Salud ordenó un sumario interno, pero no hay señales de una revisión profunda del sistema de control. El mensaje es claro: se castiga al fusible, no al tablero.
Este episodio se inscribe en una tendencia más amplia. El Decreto 591/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro Federico Sturzenegger, prorrogó hasta fin de año el plazo para que organismos estatales rescindan contratos con empresas públicas como YPF, Aerolíneas Argentinas o Nación Seguros. Bajo el argumento de “libertad de elección”, se desmantelan vínculos estratégicos que garantizaban estándares mínimos en servicios esenciales. Lo que se presenta como eficiencia es, en realidad, una renuncia a la planificación estatal.
La desregulación no solo afecta la logística administrativa. En el SENASA, por ejemplo, la flexibilización de barreras sanitarias históricas ya provocó la caída de exportaciones cárnicas a Chile. La pérdida de mercados internacionales por negligencia técnica es una señal de alarma que el Gobierno parece ignorar. ¿Qué pasará cuando el costo de la desregulación se mida en vidas humanas, como en el caso del fentanilo?
La desidia estatal no es solo omisión: es ideología. Es la convicción de que el Estado debe retirarse, incluso cuando su ausencia pone en riesgo la salud, la economía y la soberanía. En este contexto, la ANMAT no falla por ineficiencia, sino por abandono. Y cada organismo técnico que se debilita es una línea menos de defensa frente a lo que debería ser innegociable: el cuidado de la vida.
