La llegada del invierno en Argentina no sólo trajo consigo bajas temperaturas, sino también un viejo fantasma que vuelve a poner en jaque a millones de ciudadanos: el faltante de gas y los cortes en el suministro, especialmente en regiones como el norte del país donde la infraestructura suele quedar al borde del colapso. Las imágenes de industrias paralizadas, estaciones de GNC cerradas y familias sin calefacción configuran un cuadro que no es sólo técnico: es profundamente político.
🔥 Una urgencia estructural, no estacional La carencia de gas natural no puede explicarse únicamente como una situación coyuntural. Si bien el aumento del consumo por el frío extremo ejerce presión sobre los sistemas, este fenómeno revela una fragilidad estructural: falta de inversiones sostenidas, demoras en obras clave como el segundo tramo del Gasoducto Néstor Kirchner, y una política energética que oscila entre la urgencia y la improvisación.
🏭 Impacto productivo y social Cuando se corta el suministro, no sólo se enfría la calefacción en los hogares. Se enfría también la producción: industrias alimenticias, manufactureras y constructoras se ven obligadas a detener sus actividades, con pérdidas millonarias y compromisos incumplidos. A nivel social, los más vulnerables son los primeros en pagar el precio: familias que deben elegir entre mantener un mínimo confort o pagar tarifas elevadas por soluciones alternativas.
⚙️ Dependencias y deuda energética El retraso en la finalización de obras estratégicas deja al país dependiente de las importaciones de energía. En plena crisis de reservas, esta dependencia no sólo genera presión fiscal, sino que también pone en riesgo la soberanía energética. En este sentido, el faltante de gas debe leerse como el síntoma de una enfermedad más profunda: la ausencia de una planificación sostenida que articule producción nacional, eficiencia y equidad.
🚨 El corte como síntoma de un modelo agotado Cada vez que se produce un corte en el suministro, se rompe algo más que un flujo técnico: se rompe la confianza ciudadana en las instituciones que deberían garantizar el acceso a servicios esenciales. Esta crisis gasífera deja al descubierto la necesidad de discutir un nuevo modelo energético que no sólo priorice la inversión, sino también el derecho de la ciudadanía a vivir dignamente, incluso (y sobre todo) cuando el termómetro baja.
