La reciente reforma de la Policía Federal Argentina, impulsada por el Decreto 383/2025, marca un giro drástico en la concepción de seguridad del país. Bajo la promesa de modernización y eficiencia, el Gobierno ha transformado a la histórica fuerza en una agencia de investigaciones al estilo FBI, con foco en delitos complejos como el narcotráfico, el terrorismo y el cibercrimen. Sin embargo, entre los aplausos por la profesionalización y la incorporación de tecnología forense, se cuela una preocupación que no puede ser ignorada: el avance de la vigilancia estatal sobre la vida digital de los ciudadanos.
Uno de los puntos más controvertidos del nuevo estatuto es la habilitación del ciberpatrullaje sin orden judicial en redes sociales abiertas y sitios web públicos. Aunque se argumenta que estas tareas se limitarán a la prevención de delitos y respetarán la Ley de Inteligencia, el margen de discrecionalidad es alarmante. ¿Quién define qué es sospechoso? ¿Qué garantías existen para que una opinión política, una canción de cancha o una crítica al poder no se conviertan en “indicios” de delito?
La historia reciente ofrece ejemplos inquietantes. En 2016, un joven fue detenido por un tuit irónico. Hoy, con un marco legal más laxo y una fuerza empoderada para actuar sin control judicial previo, el riesgo de persecución ideológica se multiplica. La posibilidad de que la Policía acceda a redes personales, realice requisas sin orden o detenga preventivamente a quienes “no puedan acreditar su identidad” abre la puerta a prácticas que rozan el autoritarismo.
No se trata de negar la necesidad de una fuerza moderna y eficaz. El crimen organizado exige respuestas inteligentes. Pero la seguridad no puede construirse a costa de las libertades individuales. Una democracia saludable no se mide solo por su capacidad de castigar, sino por su compromiso con el disenso, la privacidad y el debido proceso.
La nueva Policía Federal puede ser una herramienta poderosa contra el delito. O puede convertirse en un instrumento de control social. La diferencia estará en los límites que la sociedad esté dispuesta a defender.
