Las intimidaciones al gobernador Osvaldo Jaldo y a miembros del Poder Judicial, presuntamente orquestadas desde la cárcel por un líder narco, han encendido las alarmas en Tucumán. Mientras el gobierno reafirma su compromiso contra el crimen organizado, el caso expone la urgente necesidad de fortalecer la seguridad y la justicia en la provincia.
Las amenazas recientes al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, han generado una fuerte reacción tanto en el ámbito político como en la sociedad. Estas intimidaciones, realizadas a través de mensajes de WhatsApp, también alcanzaron a un juez y tres fiscales, todos involucrados en investigaciones relacionadas con el narcotráfico.
El principal sospechoso, Miguel Eduardo “Miguelón” Figueroa, es un preso condenado por múltiples homicidios y señalado como líder de una red delictiva. Desde su reclusión en el penal de Marcos Paz, habría coordinado estas amenazas, lo que llevó a la detención de 97 personas vinculadas a su entorno.
En respuesta, el gobernador Jaldo reafirmó su compromiso con la lucha contra el crimen organizado, destacando que no cederá ante estas presiones. “No le tenemos miedo a quienes amenazan. Vamos a profundizar nuestro trabajo para garantizar la seguridad de los tucumanos”, declaró en conferencia de prensa.
Este caso pone en evidencia la necesidad de reforzar las medidas de seguridad y de continuar trabajando en conjunto entre los poderes del Estado para combatir el narcotráfico y proteger a quienes enfrentan al delito desde sus funciones públicas.
